Cada 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Seguridad Informática, una fecha creada en 1988 por la Asociación de Computación de Estados Unidos (ACM) tras el primer gran incidente viral de Internet: el gusano Morris, que afectó miles de computadoras conectadas a la red ARPANET. Desde entonces, la fecha busca recordar la importancia de proteger la información, los sistemas digitales y la privacidad de las personas usuarias.
Pero la seguridad informática no es solo una cuestión técnica: es también una dimensión ética y política. En tiempos donde los datos personales se han convertido en mercancía, defender la seguridad digital es defender la autonomía, la intimidad y la libertad de expresión.
La vigilancia masiva, el espionaje estatal y corporativo, los algoritmos opacos y la manipulación informacional son hoy formas de control que ponen en riesgo los derechos humanos. Estas prácticas no solo comprometen la seguridad de dispositivos o redes: afectan la capacidad de las personas y comunidades para organizarse, participar políticamente, expresarse sin temor y construir alternativas frente a modelos autoritarios.
Por eso, hablar de seguridad informática es hablar también de justicia social. Implica exigir regulaciones claras, transparencia algorítmica, tecnologías respetuosas de la privacidad y políticas públicas que garanticen que el entorno digital seguro. Implica, además, fortalecer las capacidades de las personas usuarias y de las organizaciones sociales para ejercer una ciudadanía digital crítica y consciente
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